El acuerdo busca que los consumidores que acuden habitualmente a la SIC conozcan otro mecanismo de acceso a la justicia por el que, a través de un experto llamado árbitro, que tiene las mismas facultades de un juez, se puede encontrar una decisión definitiva sobre las controversias.  

Es una forma de ampliar la oferta institucional dado que el número de reclamaciones y demandas presentadas por los consumidores se ha incrementado, también es una apuesta a la promoción y uso del arbitraje social pues las cuantías de la mayoría de los casos no superan los 40 SMLMV ($40.000.000 para el 2022) monto que lleva a que no se deba pagar por los honorarios de los árbitros y del centro.

Las controversias que se puede generar en temas de consumo son las relacionadas con temas de telecomunicaciones (contratos de telefonía fija, móvil o internet, facturación, suspensión, cobros de facturas), sobre información personal (operadores y fuentes que administren información personal, corrección, actualización, retiro de datos) y sobre adquisición de bienes o servicios en aspectos como baja calidad, incumplimiento de garantías, información engañosa entre otros. 

Si tiene alguno de estos conflictos y desea utilizar el arbitraje para resolverlos, puede consultar más información aquí.