Arbitraje Nacional

Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos consagrado en el artículo 116 de la Constitución Política y regulado en la Ley 1563 de 2012, mediante el cual las partes confían a un tercero imparcial y especializado llamado árbitro la solución de su controversia.

El Tribunal Arbitral -integrado por uno o tres árbitros- emite una decisión denominada laudo arbitral que tiene el mismo efecto de una sentencia judicial, es decir, presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada.

El arbitraje nacional, al igual que los demás tipos de arbitraje, se rige por los principios y reglas de imparcialidad, idoneidad, celeridad e igualdad. 

Para acceder al arbitraje las partes deben haber acordado un Pacto Arbitral en la modalidad de compromiso o cláusula compromisoria.

Las partes pueden acogerse al reglamento de arbitraje nacional del Centro de Arbitraje y Conciliación o al Estatuto Arbitral.   

 

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El arbitraje será internacional cuando el conflicto se encuentre enmarcado dentro de los criterios que cada legislación haya acogido para tal fin.