Intervención del Estado Vs. Arbitraje. Caso: Tribunal Superior de Justicia de Madrid 2019

Tras la creación de la Gran Corte Internacional del Arbitraje de Madrid, la comunidad arbitral española expresa preocupación por la posición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), sobre la anulación de laudos. 

El conflicto

Un nuevo conflicto relacionado con la intervención estatal en el arbitraje se está presentando en España. Árbitros de la Gran Corte Internacional de Madrid, alertan sobre la intervención desmedida del TSJM relacionada con la anulación de laudos. Según la comunidad jurídica española, esta controversia se origina en la forma en que el Tribunal valora los laudos, ya que, los considera por sentencias revisables y no como decisiones finales.

El origen

El fundamento jurídico que tiene enfrentada a las partes, se encuentra en la Constitución Española. El TSJM fundamenta la potestad de anulación de laudos en el derecho de tutela judicial, expresado en el artículo 24.

  1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
  2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

         La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Por su parte, la comunidad arbitral afirma que el principio contemplado en el artículo 10 - autonomía de la voluntad- da el respaldo necesario para que lo pactado por las partes y la decisión contenida en un laudo, no tenga que estar necesariamente expuesta a una revisión por parte del Estado, máxime, si existen tratados internacionales ratificados que legislen sobre la materia específica, para este caso, la Convención de Nueva York firmada en 1958 a la que se adhiere el gobierno español en 1977.

  1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
  2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

¿Quién dirime este conflicto?

En la actualidad la disputa se encuentra en conocimiento del Tribunal Constitucional Español, que decidirá de forma definitiva si los arbitrajes se enmarcan en lo contemplado en el artículo 24, posición del TSJM, o en el artículo 10, posición que defiende la comunidad arbitral española.

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Imagen tomada de: Unsplah
Información proporcionada por: Diario El Confidencial de España